Esencialmente, la ley se erige con el objetivo de lograr desarticular o “desmovilizar“ las guerrillas ilegales, además de establecer compensaciones a sus víctimas.
Sin embargo la aprobación no fue inmediata. La misma Corte le estampó una serie de reparaciones a la naciente legislación.
Las críticas no sólo venían desde las instituciones judiciales. Amnistía Internacional(AI) reprochó con energía lo que ellos llaman como protección a los desarmados, ya que estos amparados en el decreto 128 pasan a llevar todo tipo de derechos humanos sin que estos sean investigados en un proceso completo e imparcial, amparandose en la amnistía que se les otorga, agregando que “El Gobierno de Colombia debe garantizar investigaciones completas e imparciales de las violaciones de derechos humanos que esos individuos y los sectores responsables de apoyar a los grupos paramilitares – militarmente, políticamente, y económicamente – son llevados ante la justicia”.
Sumando a esto, la determinación de otorgar el nombre de delitos políticos a los delitos cometidos por los paramilitares. En el artículo 35, se dice que la extradición no se puede aplicar en casos de delitos políticos, y en el 150 se afirma que el Congreso puede otorgar, por mayoría de votos, amnistía e indulto a quienes hayan cometido delitos políticos. Promoviendo entonces la impunidad.
El decreto en su artículo 3 habla de uno de los beneficios a los que puede acceder el “desmovilizado, estableciendo que procesos y penas -cual cupones de canje- son acumulables. Es decir, reemplaza las sanciones a los crímenes perpetrados, por una pena alternativa. Esta reduce la sentencia final del acusado, a una menor, por medio de la amnistía o el indulto en pro de alcanzar la paz nacional.
De este modo y en sencillas palabras el acusado regatea la deuda con la justicia, acordando todas las comodidades de un pago preferencial.
Por otra parte, el artículo 17 señala que los miembros de las milicias ilegítimas en sus confesiones deben declarar sus bienes, si los tuvieran, para con estos indemnizar a las víctimas . Pero el “deben” no indica que sus bienes serán incautados o pesquisados durante la investigación de la causa.
Por esto mismo el diario The New York Times señaló que “no traerá ni justicia ni paz. No exige confesiones. Estipula que los líderes paramilitares deben revelar sus bienes ilegales y describir sus organizaciones criminales, pero no hay sanción para quienes mientan u oculten su fortuna”
A simple vista, y muy general, la ley en si es un error. Los intentos por mediar con las tropas armadas, plasmados en una legislación, se transforman en una protección constitucional de los individuos que voluntariamente se desmarquen de las guerrillas. Pero el grupo en si no se disolverá por que uno de sus integrantes deserte y, como se mencionó antes, sus bienes continúan intactos.
Uribe, convertido en blanco de múltiples organismos nacionales e internacionales, se vio impulsado a realizar una gira por el viejo continente con el fin de pedir ayuda a la Unión Europea para transparentar la ley ante las miradas escépticas . Pero los europeos condicionaron el apoyo económico y político hasta que se garantice el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y la reparación.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) igualmente manifestó su descontento. En la voz de Amerigo Incalcaterra, director de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) dijo que el estatuto no "ofrece beneficios para que los grupos armados ilegales se desmovilicen y cesen sus hostilidades" y tampoco "garantiza adecuadamente los derechos de las víctimas de los crímenes atroces cometidos por los miembros de esos grupos".
Además, Incalcaterra sentenció que "la ley guarda silencio absoluto sobre el procesamiento de aquellos servidores públicos que como coautores, determinadores o cómplices participaron en los crímenes cometidos por los integrantes de los grupos paramilitares y como no exige la confesión plena no logrará garantizar la satisfacción del derecho a la verdad".
Es así como el gobernante del país cafetalero se convierte en parte del segmento sentenciado por el director de la OACNUDH. Uribe fue vinculado con grupos paramilitares, los que según la ONU son las responsables del 80% de los delitos perpetrados durante los enfrentamientos en Colombia.
El mandatario, según el congresista Gustavo Petro, estuvo vinculado con las guerrillas por medio de su hermano Santiago Uribe. Este habría administrado una finca que actuaba como centro operacional del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles”, los que posteriormente se integraron a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
El diario The New York Times expuso que “varios miembros del Congreso colombiano propusieron una buena ley que hubiera reducido el tiempo de prisión para los paramilitares que confesaran todos sus crímenes, pagaran reparaciones y devolvieran sus bienes adquiridos ilegalmente y proveyeran a las autoridades de la información necesaria para desmantelar sus pandillas criminales. El gobierno se opuso a la ley. No fue aprobada”
En este país las agrupaciones paramilitares y el narcotráfico son palabras tan comunes como respirar y dormir. La justicia contenida en su gobierno aún no ha logrado conciliar el orden entre los habitantes y las guerrillas. Las víctimas no han sido recompensadas como se les prometió, los cabecillas siguen amparados por la ley, los vacíos y resquicios legales dejan en el aire a los atormentados, y a las violaciones a los derechos humanos pasadas por alto. Entonces es aquí donde sólo cabe preguntarse si realmente traerá la ley justicia y paz.