La ley colombiana Nº 975, más conocida como la “ley de justicia y paz” fue aprobada por el congreso de dicho país e impulsada por el Presidente Álvaro Uribe el año 2005, para el proceso de desmovilización de paramilitares y como un marco legal para las negociaciones entre gobierno y grupos armados.
LEY Nº 975 DE 2005 (Julio 25)
“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
La razón por la que fue creada la ley por el gobierno de Uribe, se debe a que facilitará los procesos de paz y reincorporación de las personas que hayan sido miembros de grupos armados al margen de la ley, situación que es favorable para el objetivo del Presidente colombiano de terminar con la inseguridad nacional que ha sido provocada por la guerrilla que ha afectado al país durante años.
Aquellos grupos guerrilleros que adelanten las negociaciones de paz con el gobierno o se movilicen, recibirán entre cinco y ocho años de prisión sólo por ser parte del grupo.
Esta ley dice además, que se tendrá como parte del pago de la pena, hasta 18 meses en prisión del tiempo que duren los grupos armados en lugares donde no se los permite la ley mientras adelantan una negociación.
El gobierno de Colombia creó esta ley, basándose en que debe existir un equilibrio entre justicia y paz, lo que inevitablemente permite la aceptación tácita en un proceso de negociación. Otro argumento para crear la “ley de justicia y paz” es que fue la primera instancia y proceso de desmovilización donde se otorgan penas a quienes no han sido vencidos en combate.
Según el Presidente Álvaro Uribe, la ley llega hasta un punto muy sensible de una historia reciente, pero para lograr la reconciliación, es necesario otorgar beneficios judiciales a quienes dejan las armas a cambio de la paz pública; también que existan las instituciones que procesan a quienes se desmovilizan; además de los mecanismo que esclarecen la verdad y las compensaciones e indemnizaciones para las víctimas.
También la ley se hizo cargo de continuar con los procesos que tengan relación con actividades criminales que no hayan sido confesadas anteriormente. Por lo tanto el estatuto actuó frente a esta situación y contra los crímenes que pudiesen realizar los desmovilizados.
En abril de 2006 la Corte Constitucional de Colombia, revisó la constitucionalidad de la ley en cuestión y el resultado fue un fallo de 7 votos contra 2 y no se determinó que el trámite del Congreso, cuando se analizaba la ley, fuese no estatuaria. Pero el mismo año pero el siguiente mes, otro fallo referente al contenido de la ley puso condiciones a varias partes de esta y puso inexequibles otros.
El Estatuto de justicia y paz de Colombia fue creado para lograr una instancia de acuerdo entre la paz, que es uno de los objetivos de una campaña del mandatario para el país, y la justicia para llegar a soluciones efectivas, especialmente, frente a los armados ilegales.
La ley representa una solución eficiente para concretar una instancia complicada y por sobre todo violenta entre dos bandos contrarios. La razón de ésta afirmación se debe a que las acciones con las que se enfrenta el gobierno están respaldadas por un estatuto sugerido por el mismo gobierno y aprobado por el Congreso elegido democráticamente.
Por otro lado existen hasta hoy muchas críticas en contra la ley de justicia y paz, las cuales provienen de distintas organizaciones, las que tienen los ojos puestos en lo ocurrido con la ley, desde antes de su puesta en marcha.
Se debe destacar que es necesario dejar en claro los puntos y elementos apropiados para que la justicia cumpla bien su rol y evite la impunidad permitiendo así la reconciliación nacional. Por este motivo es importante que Colombia cuente con una ley que honre cuidadosamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.
En relación con la ley “Justicia y Paz”, La ley ofrece muy generosos beneficios judiciales, como la fuerte reducción de penas de privación de libertad y amplias posibilidades de libertad condicional, a quienes hayan cometido errores y enfrentado al gobierno con armas perturbando la seguridad, pero lo más importante es que ofrece reparación para las víctimas y victimarios quienes tiene una segunda posibilidad para reinsertarse lo que contribuye a la
reconciliación nacional.